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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA

Aprobación definitiva de ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda a domicilio
Publicado en: BOTHA Num. 109 , de 21/09/2018
Referencia: BOTHA -2018-109-3481

De conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales, y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la aplicación de los precios públicos del servicio de ayuda a domicilio, publicado en el BOTHA número 87 de lunes 30 de julio de 2018, se procede a la aprobación definitiva, en la forma que a continuación se detalla:

ORDENANZA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1. Objeto

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la aplicación de los precios públicos del servicio de ayuda a domicilio, y en particular:

Los criterios para la determinación de la participación económica de la persona usuaria del servicio en el precio público.

- Los criterios que rigen el devengo y el pago.

- Los criterios para la determinación de la capacidad económica de las personas obligadas al pago de los precios públicos

- La determinación del importe de los precios públicos así como las bonificaciones aplicables en función de la capacidad económica.

Artículo 2. Ámbito

La presente ordenanza fiscal será de aplicación al servicio de ayuda a domicilio, bien en régimen de gestión directa, bien en régimen de convenio con otras entidades públicas, bien en régimen de concierto, convenio o contrato con entidades privadas.

Artículo 3. Personas obligadas al pago

1. Estarán obligadas al pago del precio público:

a) Las personas físicas que se beneficien directamente del servicio de ayuda a domicilio, cuando no se encuentren en los supuestos de los apartados b) y c) del presente párrafo 1.

b) Cuando las personas usuarias del servicio sean personas menores de edad estarán obligada/s al pago la persona o personas que ostente/n la patria potestad, la tutela o la custodia.

c) En el caso de las personas adultas, cuando actúen a través de representante legal o guardador/a de hecho en los términos previstos en la normativa de acceso, estarán obligadas al pago estas últimas, si bien, en tales casos el pago se hará con cargo a la renta y el patrimonio de la persona representada y la capacidad económica computada será la de la persona representada.

2. En su caso, estarán subsidiariamente obligadas al pago aquellas personas que se hayan visto favorecidas por una transmisión a título gratuito realizada por la persona usuaria, por la persona obligada al pago en los términos contemplados en el párrafo 1 del presente artículo, o por su cónyuge o persona unida a ella por vínculo análogo al conyugal - en los términos en los que dicho vínculo se define en la disposición adicional primera de la presente ordenanza fiscal a partir de la edad de 60 años o en el periodo de 10 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud del servicio. La obligación del pago alcanza hasta un importe máximo del valor de mercado de los bienes y/o derechos transmitidos en el momento de la exigibilidad de la deuda.

TÍTULO I: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA

Artículo 4. Pago íntegro del precio público

1. Las personas obligadas al pago del servicio de ayuda a domicilio, en los términos previstos en el artículo 3.1 de la presente ordenanza fiscal, abonarán íntegramente el precio público correspondiente cuando dispongan de capacidad económica suficiente para ello, sin perjuicio de que pueda exigirse la formalización de las garantías adecuadas para asegurar el abono de dicho precio.

2. A efectos de lo previsto en el párrafo 1, se entenderá que las personas obligadas al pago en los términos previstos en el artículo 3.1. de la presente ordenanza fiscal disponen de capacidad económica suficiente, cuando la misma, computada de conformidad con lo previsto en el capítulo 1 del título III de la presente ordenanza fiscal, sea igual o superior a los límites que se señalan en su anexo II, atendiendo al tipo de servicio.

3. Si la capacidad económica de la persona obligada al pago en los términos previstos en el artículo 3.1. de la presente ordenanza fiscal fuera inferior a los límites referidos en el párrafo 2 del presente artículo, se recurrirá, cuando existan, a las personas obligadas subsidiariamente al pago definidas en el artículo 3.2, con el fin de que complementen la aportación de la persona usuaria hasta cubrir el importe total del precio público o de que abonen el precio público en su totalidad cuando la capacidad económica de la persona obligada al pago en los términos previstos en el artículo 3.1. no le permita hacer ninguna aportación.

Artículo 5. Bonificaciones

1. Cuando las personas obligadas al pago en los términos previstos en el artículo 3.1. no dispongan de capacidad económica suficiente para pagar íntegramente el precio público, por ser la misma inferior a los límites fijados en su anexo II, podrán beneficiarse de bonificaciones en los precios públicos correspondientes.

2. Las bonificaciones aplicables al precio público referidas en el párrafo anterior se determinarán atendiendo a un principio de progresividad en función de la capacidad económica de la persona usuaria, computada ésta atendiendo a los criterios establecidos en el capítulo I del título III de la presente ordenanza fiscal.

3. las bonificaciones previstas en el presente artículo quedan fijadas en el anexo III de la presente ordenanza fiscal y serán de aplicación en tanto se encuentren vigentes los precios públicos fijados en su anexo I. Cuando dichos precios se actualicen o modifiquen por la vía establecida en el artículo 16, se procederá asimismo a la determinación de las bonificaciones correspondientes.

Artículo 6. Exenciones parciales por razón del tipo de uso

1. Cuando las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio dejen de utilizarlo de manera temporal, no se devengará precio alguno cuando dicha suspensión sea superior a 7 días naturales consecutivos. A tal efecto, las personas usuarias deberán notificar por escrito dicha situación con al menos 7 días de anticipación, salvo en aquellas situaciones, debidamente justificadas, en las que, por la urgencia, no fuera posible el cumplimiento de dicho plazo de preaviso. Cuando el periodo de no utilización del servicio sea inferior a 7 días naturales consecutivos deberán pagar el precio público asignado.

2. En el caso de una utilización simultánea con otros servicios, no se aplicará ninguna exención parcial del precio público.

3. No se aplicará ninguna exención parcial del pago del precio público en los casos de suspensión del servicio que, de conformidad con la normativa de acceso al servicio, pudieran darse por retraso en el cumplimiento de la obligación de facilitar la información y presentar la documentación que le sea requerida, o por la reiteración en el impago del precio público.

Artículo 7. Cuantía de libre disposición

La cuantía de libre disposición quedará garantizada por la fórmula aplicada para la determinación de las bonificaciones correspondientes a cada tipo de servicio, establecidas en el anexo III de la presente ordenanza fiscal.

TÍTULO II. DEVENGO Y PAGO

Artículo 8. Devengo

La obligación de pago del precio público regulado en esta normativa se devengará en la fecha en que se inicie la prestación efectiva del servicio y lo hará con respecto al periodo comprendido entre esa fecha y el momento en que se produzca el cese definitivo de la prestación del servicio.

Artículo 9. Pago

El pago de los precios públicos asignados -ya sean íntegros, bonificados o parcialmente exentos- se efectuará en el momento de la presentación al cobro, a quien deba satisfacerlo, del correspondiente recibo, mediante domiciliación bancaria.

TÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN

CAPÍTULO I. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA

Artículo 10. Componentes de la capacidad económica

1. Para calcular la capacidad económica de la persona obligada al pago en los términos previstos en el artículo 3.1 con el fin de determinar su participación en el precio público deberá valorarse la renta y el patrimonio familiar, en cómputo anual, aplicando al efecto los criterios de valoración establecidos en el presente capítulo.

2. Para el cómputo de la capacidad económica, se utilizarán:

a) Los valores correspondientes a los últimos datos fiscales disponibles, salvo que, con fecha posterior, se haya producido un hecho relevante que haya modificado dichos valores, en cuyo caso se considerarán los datos más recientes.

b) En el caso de los bienes de naturaleza urbana o rústica éstos se computarán por el mayor valor de los tres siguientes: valor catastral, valor comprobado

- Fijado por la administración a efectos de otros tributos y precio, contraprestación o valor de adquisición.

Artículo 11. Renta

1. A efectos del cálculo de la capacidad económica prevista en el artículo anterior, se considerarán rentas o ingresos computables, los rendimientos y derechos de que disponga anualmente la unidad familiar derivados del trabajo, así como cualesquiera otros que se pudieran percibir, y en todo caso:

a) Las pensiones y prestaciones económicas con cargo a fondos públicos o privados, computándose los ingresos brutos que se perciban; a tales efectos, tendrán esa consideración las pensiones, subsidios, prestaciones económicas o cualquier otro derecho económico del que sea sujeto causante la persona destinataria del servicio, salvo las previstas en el párrafo 2 del presente artículo.

b) Los rendimientos íntegros procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena.

2. En la determinación de la renta, no se computarán las siguientes prestaciones:

a) Las prestaciones económicas de carácter finalista contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a saber: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio.

b) Las prestaciones siguientes, de análoga naturaleza y finalidad a las previstas en el apartado a):

- El complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social;

- El complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento, previsto en el artículo 182 bis 2 c) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social;

- El complemento a la pensión de invalidez no contributiva por necesidad de otra persona previsto en el artículo 145.6 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social;

- El subsidio de ayuda por tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y mantenido por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para quienes ya fueran beneficiarios del mismo a la entrada en vigor de dicho real decreto legislativo y cumplieren los requisitos previstos en su disposición transitoria única.

3. A los efectos de valoración de la renta se tomará como referencia la información facilitada por el Departamento Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, en base a los datos fiscales disponibles referidos en el artículo 10.2, computándose como ingresos la suma de los siguientes conceptos:

- rendimientos íntegros del trabajo;

- rendimientos netos de actividades profesionales, empresariales, agrícolas y ganaderas;

- total de rentas de trabajo exentas imputadas.

En los casos en los que se percibieran rentas de las indicadas en el párrafo 2 del presente artículo, deberá presentarse justificante de dichas prestaciones económicas con el fin de determinar la cantidad exenta a los efectos previstos en dicho párrafo.

4. Para determinar la renta en cómputo mensual, se dividirá la renta anual por doce mensualidades.

Artículo 12. Patrimonio

1. A efectos de lo previsto en el artículo 10, se considerará patrimonio:

a) El conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sean titulares total o parcialmente los miembros de la unidad familiar, tomando como referencia los últimos datos fiscales disponibles, completados con la información que se solicite con relación a los activos financieros.

b) Las indemnizaciones y rentas capitalizadas, hayan sido generadas en uno o más ejercicios.

c) El valor de los bienes y derechos que se hubieran transmitido a título gratuito por la persona usuaria, su cónyuge, la persona unida por vínculo análogo al conyugal -en los términos en que dicho vínculo se define en la disposición adicional primera del presente ordenanza fiscal- o la persona obligada al pago, en los términos previstos en el artículo 3.2 de la presente ordenanza fiscal.

2. No se computarán en el patrimonio:

a) La vivienda habitual, salvo cuando tenga valor excepcional, considerándose que tiene tal valor excepcional cuando su valor catastral sea superior a 300.000 euros; en tales supuestos, se computará, a efectos de patrimonio, el exceso del valor catastral respecto a ese límite.

A estos efectos se entenderá incluido en el concepto de vivienda habitual, además de la vivienda propiamente dicha, un garaje y/o un trastero, así como, cuando se trate de una vivienda habitual unifamiliar de carácter rústico o urbano, la parcela anexa que no esté desagregada.

b) Las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes y derechos y disminuyan su valor.

c) Las deudas y obligaciones personales.

d) Los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido, al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del código civil, de la ley de enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, salvo cuando sea la persona titular de dicho patrimonio la que accede al servicio, en la medida en que el mismo participa en la cobertura de las necesidades vitales de la persona de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1. y 5.4 de la mencionada ley.

3. Para determinar el patrimonio en cómputo mensual, se dividirá el importe del patrimonio en cómputo anual por doce mensualidades.

Artículo 13. Unidad familiar

1. A los efectos previstos en el presente capítulo, se considerarán las siguientes composiciones de la unidad familiar:

a) cuando la persona beneficiaria del servicio sea mayor de edad, se

considerarán miembros de la unidad familiar:

- la propia persona beneficiaria del servicio;

- su cónyuge o persona unida a ella por relación análoga a la conyugal legalmente reconocida y debidamente acreditada en los términos definidos en la disposición adicional primera;

- los hijos e hijas menores de edad;

- los hijos e hijas mayores de 18 o más años cuando tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, siempre que convivan con la persona beneficiaria del servicio en la fecha de la solicitud;

- los hijos e hijas de entre 18 y 23 años que cursen estudios académicos reglados.

b) cuando la persona beneficiaria del servicio sea menor de edad, se considerarán miembros de la unidad familiar:

- la propia persona beneficiaria del servicio;

- su padre y su madre;

- sus hermanos y hermanas menores de edad;

- sus hermanos y hermanas de 18 o más años cuando tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, siempre que convivan con la persona beneficiaria del servicio en la fecha de la solicitud;

- sus hermanos y hermanas de entre 18 y 23 años que cursen estudios académicos reglados.

2. En todo caso, una persona, solo podrá formar parte de una única unidad familiar.

Artículo 14. Criterios de valoración de la capacidad económica

1. La capacidad económica será equivalente a la cuantía resultante de sumar a la renta familiar en cómputo anual los siguientes porcentajes del patrimonio familiar en cómputo anual, variando dichos porcentajes en función de la edad de la persona usuaria, tal y corno se determina a continuación:

a) Personas menores de 35 años, un 3 por ciento de su patrimonio.

b) Personas de entre 35 y 65 años, un 6 por ciento de su patrimonio.

c) Personas de más de 65 años, un 20 por ciento de su patrimonio.

2. Asimismo, deberán aplicarse los siguientes criterios específicos:

a) Cuando la unidad familiar sea unipersonal, la capacidad económica se calculará aplicando directamente lo previsto en el párrafo 1.

b) Cuando la unidad familiar esté compuesta por dos personas, el cálculo del precio íntegro o bonificado aplicable se efectuará sobre el 80 por ciento de la capacidad económica mensual total calculada de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1.

c) Cuando la unidad familiar esté compuesta por más de dos personas, el porcentaje del 80 por ciento previsto en el apartado b) se disminuirá en un 5 por ciento por cada una de las restantes personas.

3. Para determinar la capacidad económica en cómputo mensual, se dividirá la capacidad económica anual entre doce mensualidades.

CAPÍTULO II: RESOLUCIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Artículo 15. Resolución

La resolución del órgano competente señalará el precio público íntegro aplicable a ese servicio así como, en su caso, el precio público bonificado correspondiente en función de la capacidad económica.

Artículo 16. Revisión de oficio y deber de comunicación

1. Los precios públicos a abonar -ya sean íntegros, bonificados o parcialmente exentos- por el disfrute del servicio de ayuda a domicilio podrán ser revisados de oficio por el órgano competente o a solicitud de persona interesada o de su representante legal o guardador/a de hecho, y ello tanto en el marco de una revisión individual como en el marco de una revisión general. de dichas revisiones podrá derivarse una modificación del precio público en aquellos casos en los que se verifique que se ha producido alguna variación sustancial en la capacidad económica que sirvió de base para su determinación, mediante la correspondiente resolución.

2. A efectos de lo anterior, la persona usuaria de cualquiera de los servicios sujetos a precio público a que hace referencia la presente ordenanza fiscal -o en su caso, su representante legal o guardador/a de hecho-, deberá comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia, renta o patrimonio propios o ajenos computables por razón de convivencia, y cuantas circunstancias pudieran tener incidencia en los precios públicos asignados a la persona usuaria.

3. Cuando la administración competente tenga conocimiento de que se ha producido una variación en la capacidad económica y dicha variación no hubiera sido debidamente comunicada en los términos previstos en el párrafo anterior, revisará el precio público asignado para ajustarlo a las nuevas circunstancias. Podrán darse dos supuestos:

a) Cuando el nuevo precio público asignado sea superior al anteriormente asignado será aplicable con carácter retroactivo a la fecha en que se hubiera producido el mencionado cambio de circunstancias y generará para la persona obligada al pago en los términos previstos en el artículo 3.1, la obligación del pago de los atrasos que se hubieran acumulado durante dicho periodo.

b) Cuando el nuevo precio público asignado sea inferior al anteriormente asignado, no será aplicable con carácter retroactivo.

4. En los casos en los que sí se hubiera comunicado a la administración una variación en la capacidad económica, y por causas imputables a dicha administración no se hubiera producido la correspondiente revisión del precio público en un plazo de 2 meses, podrán darse dos supuestos:

a) Cuando el nuevo precio asignado sea superior al precio anteriormente asignado, no podrá aplicarse con carácter retroactivo.

b) Cuando el nuevo precio asignado sea inferior al precio anteriormente asignado, la administración deberá reembolsar las cuantías cobradas indebidamente.

Artículo 17. Actualización de precios públicos

La actualización de los precios públicos establecidos en la presente ordenanza fiscal deberá hacerse mediante ordenanza, que determinará asimismo las bonificaciones aplicables y delimitará la capacidad económica suficiente.

CAPÍTULO III: DEUDAS POR PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 18. Deudas por precios públicos

1. En caso de impago por devolución bancaria del recibo correspondiente al precio público exigible devengado por el servicio -ya sea el precio íntegro o el precio bonificado- se requerirá su importe concediendo a la persona obligada al pago un plazo de 30 días naturales para efectuar el abono de la cuantía adeudada o para solicitar un fraccionamiento del pago.

2. Transcurrido el plazo al que se refiere el punto anterior sin que se haya satisfecho la cuantía requerida o sin que se haya solicitado el fraccionamiento del pago, el precio público referido en el párrafo 1 se exigirá mediante el procedimiento administrativo de apremio.

3. La reiteración en el impago del precio público exigible podrá conllevar la suspensión del derecho al servicio.

4. Si, en el marco de un procedimiento de acceso, se constatara que la persona obligada al pago en los términos previstos en el artículo 3.1 de la presente ordenanza fiscal tiene deudas previas por impago del precio público correspondiente al servicio de ayuda a domicilio, requerirá a la persona solicitante para que proceda, en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación correspondiente, bien a abonar las cuantías adeudadas, bien a solicitar al órgano competente el fraccionamiento de la deuda, en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

En caso de que la persona no recurra para el pago de la deuda, se tendrá por desistida la solicitud de acceso al nuevo servicio y se archivará sin más trámite, previa resolución dictada por el órgano competente a tal efecto, sin perjuicio de que la persona pueda, con posterioridad, abonar la deuda e iniciar un nuevo procedimiento de acceso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Vínculo análogo al conyugal

1. A los efectos de la presente ordenanza fiscal, se considera que se encuentran unidas por vínculo análogo al conyugal las parejas de hecho definidas en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, sobre Parejas de Hecho, vigente a nivel autonómico.

2. la existencia de este vínculo deberá acreditarse mediante certificación del registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma vasca o, en su caso, mediante certificación del registro municipal, en los términos regulados en el artículo 3 de la referida ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Situaciones de carácter extraordinario

1. En atención a las especiales circunstancias sociales y/o económicas que puedan concurrir en las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, el órgano competente podrá señalar bonificaciones parciales o totales o, en su caso, determinar un incremento en las cuantías bonificadas, en las cuantías exentas o en las cuantías de libre disposición previstas en la presente ordenanza fiscal.

2. Cuando se produzcan interrupciones en la utilización del servicio por causas no recogidas en el artículo 6, el órgano competente, podrá aprobar exenciones parciales del precio público en concepto de reserva de plaza.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

1. La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.

2. La presente ordenanza fiscal será de aplicación a las personas que accedan al servicio de ayuda a domicilio en dicha fecha o con posterioridad a la misma.

ANEXO I

IMPORTE DEL PRECIO PÚBLICO

Servicio de ayuda a domicilio 6,12 €/hora

ANEXO II

DELIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE

En tanto estén vigentes los precios públicos establecidos en el anexo I, se considerará que existe capacidad económica suficiente en los casos y en los términos previstos en el presente anexo.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 5.1 en relación con la determinación de las bonificaciones, se entenderá que existe capacidad económica suficiente para pagar íntegramente el precio público, cuando la misma, calculada de conformidad con lo previsto en el capítulo 1 del título III sea igual o superior a 1.500,00 euros mes.

2. Asimismo, se considerará que existe capacidad económica suficiente cuando la persona disponga de un patrimonio computable igual o superior a 50.000 euros, aun cuando su capacidad económica calculada de conformidad con lo previsto en el capítulo I del título III fuera inferior a los límites previstos en las tablas anteriores.

ANEXO III

BONIFICACIONES APLICABLES

En tanto estén vigentes los precios públicos establecidos en el anexo 1, serán de aplicación las siguientes bonificaciones a quienes no dispongan de capacidad económica suficiente para abonar el precio íntegro correspondiente a los diferentes servicios, en los términos previstos en el artículo 5 de la presente ordenanza fiscal:

Para determinar el precio individualizado a satisfacer por este servicio de ayuda a domicilio, se aplicarán, en función de la capacidad económica familiar mensual, los importes por hora que resulten de aplicar la tabla-baremo siguiente:

CAPACIDAD ECONÓMICA FAMILIAR
(EN EUROS)

HASTA
EUROS

IMPORTE

TANTO

RESTO
HASTA

POR
CIENTO

Hasta 500,00

0,00

0

500,00

0,20

600,00

500,00

1,12

100,00

0,30

700,00

600,00

1,42

100,00

0,40

800,00

700,00

1,82

100,00

0,50

900,00

800,00

2,32

100,00

0,60

1.000,00

900,00

2,92

100,00

0,75

1.100,00

1.000,00

3,67

100,00

0,90

1.200,00

1.100,00

4,57

100,00

0,55

1.300,00

1.200,00

5,12

100,00

0,40

1.400,00

1.300,00

5,52

100,00

0,30

1.500,00

1.400,00

5,82

100,00

0,30

Más de 1.500,00 €

Tarifa máxima

6,12 €/hora

A efectos de determinar el importe a abonar, será necesario determinar el número de horas mensuales reconocidas; para ello se multiplicará por 4,3 la suma de las horas semanales.

Lo que se hace público para general conocimiento

En Pobes, a 12 de septiembre de 2018

Alcalde-presidente

Jesús Berganza González